La aseguradora me mandó una autorización médica para firmar. ¿La firmo?

Aquí hay dos documentos muy diferentes

Una solicitud específica de expedientes pide el tratamiento que tiene que ver con este choque: proveedores con nombre, un rango de fechas que empieza más o menos con el choque, las partes del cuerpo que usted está reclamando. Eso es razonable, y sin eso no se puede pagar un reclamo.

Una autorización médica general es otra cosa. Normalmente no tiene fecha de vencimiento, ni límite de proveedores, ni límite de tema, y le permite a la aseguradora pedir expedientes a cualquiera que lo haya atendido, por lo que sea, desde hace años. La gente la firma porque llega en el mismo sobre que el número de reclamo y parece puro papeleo.

Lea lo que le mandaron. Si no nombra proveedores y no limita las fechas, es del segundo tipo.

Lo que andan buscando

No es fraude. Están armando el argumento de que su dolor viene de antes del choque.

Buscan una queja previa de la espalda, una lesión vieja de algún deporte, un reclamo de compensación de trabajadores de hace diez años, un accidente anterior, hallazgos degenerativos en algún estudio. También buscan cosas que no tienen nada que ver con una lesión del cuello — tratamiento de salud mental, historial de consumo de sustancias, un expediente de obstetricia — porque eso influye en cuánto valoran el expediente y en cómo le hacen una deposición.

Las aseguradoras también revisan reclamos anteriores en bases de datos de la industria. Una autorización general convierte un reclamo por un choque en una revisión de toda su vida.

Limitarla no es negarse a cooperar

No tiene que escoger entre firmar un cheque en blanco o negarse a cooperar. Una autorización se puede redactar para que solo libere los expedientes de los proveedores que lo atendieron, desde la fecha del choque en adelante, por las lesiones que usted de verdad está reclamando. Eso le da al ajustador lo que necesita para evaluar su caso y nada más.

Esta es la parte que importa: si al final se presenta una demanda, la aseguradora puede pedir sus expedientes por medio del descubrimiento de pruebas — pero entonces es un juez quien decide hasta dónde, y la relevancia es un límite real. Firmar la forma general desde el principio es entregar por su voluntad, sin límite y sin árbitro, lo que de otra forma ellos tendrían que justificar.

Si ya firmó una, por lo general la puede revocar por escrito. La revocación vale de ahí en adelante; no recupera lo que ya se mandó. Nosotros mandamos la revocación por usted; mientras más pronto salga, mejor.

Su propia aseguradora es otra relación

Aquí es donde la gente se confunde, y le puede costar la cobertura.

La aseguradora del otro chofer no le debe nada más que el reclamo. Su aseguradora — por la protección contra lesiones personales (PIP), por los pagos médicos, por la cobertura de motorista sin seguro o con seguro insuficiente (UM/UIM) — tiene un contrato con usted, y ese contrato trae una cláusula de cooperación. Negarse de plano a darle expedientes o una declaración a su propia aseguradora puede poner en riesgo beneficios por los que usted pagó primas.

Aun así, la respuesta no es una autorización general. Es saber con qué compañía está tratando y qué le obliga de verdad su propia póliza. Esas obligaciones son más limitadas de lo que la mayoría de los ajustadores dicen, pero son reales.

Lo que de verdad prueba un expediente viejo

Algo para tranquilizarlo, porque aquí es donde la gente se asusta y firma: una condición previa no acaba con su caso. Texas ha seguido por mucho más de un siglo la regla de que quien causa el daño tiene que tomar a la persona lesionada tal como la encuentra, y usted puede recuperar por el empeoramiento de algo que ya tenía.

Lo que hacen los expedientes previos es marcar cómo estaba usted antes — y eso normalmente ayuda, porque un expediente que muestra que usted funcionaba bien antes del choque y ya no, es justo la comparación que gana. El problema nunca es el expediente en sí. Es entregar un montón de expedientes que no tienen que ver sin saber lo que dicen.

Fundamento legal: Coates v. Whittington, 758 S.W.2d 749 (Tex. 1988)